Senadores de oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigieron a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitar licencia al cargo y pidieron investigar los audios difundidos en los que se le escucha conversar con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses.
Los legisladores cuestionaron particularmente las referencias a la posible entrega de información relacionada con seguridad a cambio de gestionar la recuperación de la visa estadounidense de la mandataria.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la gobernadora reconoció la autenticidad de los audios y consideró que su contenido debe ser investigado.
“Primero, ella ya reconoció la autenticidad de esos audios, en los que se confirma, uno, que le quitaron la visa, y a ningún gobernador se le retira la visa si no hay elementos de altísima gravedad”, afirmó.
Anaya agregó que en una de las grabaciones, según su interpretación, Ávila habría ofrecido información confidencial obtenida en mesas de seguridad a cambio de obtener beneficios frente a las autoridades estadounidenses.
Por ello, el senador panista pidió que la gobernadora se separe temporalmente del cargo y que se abra una investigación para determinar si existe alguna responsabilidad penal.
PRI pide comparecencia ante la FGR
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, también consideró necesario que Marina del Pilar comparezca ante la Fiscalía General de la República (FGR) y rinda cuentas sobre el contenido de las conversaciones.
Añorve sostuvo que el caso debe ser esclarecido por las autoridades correspondientes y cuestionó la respuesta del Gobierno federal frente a los señalamientos.
Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya puso el foco en la Ley de Seguridad Nacional, particularmente en su artículo 70.
La legislación establece que los servidores públicos de las entidades federativas deben entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes, un informe sobre reuniones, intercambios de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros. También establece requisitos específicos para las reuniones con estos agentes.
Anaya planteó que debe determinarse si las comunicaciones referidas en los audios estaban sujetas a estas disposiciones y si se cumplieron las obligaciones establecidas por la ley.
MC cuestiona trato diferenciado
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, señaló que existe un tratamiento distinto frente a otros casos en los que funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntos contactos con autoridades extranjeras.
El legislador calificó como grave el contenido que se ha difundido y sostuvo que la gobernadora debe ofrecer una explicación pública sobre sus contactos y cualquier entendimiento con autoridades estadounidenses.
“No podemos hacer como que no pasa absolutamente nada, por lo que le exigimos una puntual explicación, no de la llamada telefónica, sino de la situación en la que está”, declaró.
Marina del Pilar sostiene que los contactos fueron con supuestos intermediarios
La gobernadora ha reconocido que las grabaciones corresponden a conversaciones en las que participó, pero ha rechazado que haya cometido algún acto de traición a México.
Ávila Olmeda explicó que las personas con las que habló se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses, pero que posteriormente no acreditaron oficialmente esa representación. También ha señalado que las conversaciones estaban relacionadas con la situación de su visa.
El caso continúa generando cuestionamientos políticos y jurídicos, mientras la discusión se centra en determinar quiénes eran realmente los interlocutores de la gobernadora, qué información fue compartida y si las comunicaciones cumplieron con las disposiciones legales aplicables.























