Una iniciativa presentada ante el Congreso de Oaxaca busca fortalecer la protección de las víctimas de hostigamiento sexual mediante modificaciones al artículo 241 Bis del Código Penal estatal, con el objetivo de eliminar obstáculos probatorios y evitar que las personas afectadas enfrenten procesos que propicien su revictimización.
La propuesta fue impulsada por el diputado César David Mateos Benítez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y plantea eliminar el daño o sufrimiento psicoemocional como elemento necesario para acreditar este delito, de manera que la responsabilidad no dependa de demostrar una afectación psicológica en la víctima.
Entre los cambios también se propone sustituir el término “asedie”, debido a que puede interpretarse como una conducta reiterada, por una redacción que permita sancionar el hostigamiento sexual cometido en una o más ocasiones. Además, se busca ampliar las conductas consideradas como delito para incluir solicitudes de favores sexuales, insinuaciones y propuestas de carácter erótico o sexual, tanto explícitas como implícitas, incluso cuando se realicen mediante plataformas digitales.
El proyecto contempla incrementar hasta en una mitad las penas de prisión cuando el delito se cometa contra personas menores de 18 años o contra quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho. En estos casos, la persecución del delito sería de oficio.
La iniciativa propone conservar las sanciones generales de dos a cuatro años de prisión y multas de 200 a 400 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). También mantiene la destitución e inhabilitación cuando la persona responsable sea servidora pública, docente o ministra de culto y se aproveche de las condiciones derivadas de su cargo.
En materia de reparación del daño, plantea establecer una compensación económica equivalente a la indemnización por despido injustificado cuando la víctima pierda su empleo como consecuencia del hostigamiento sexual, considerando su antigüedad laboral y el lucro cesante.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente con la Convención de Belém do Pará, los criterios de la CEDAW y los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de violencia sexual y perspectiva de género.
El proyecto fue presentado durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura y turnado a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.























