Diana García
A poco más de un mes de la muerte de la enfermera Areli Sarai Martínez Domínguez y de su hija Evolet Yareli Castillo Martínez, su familia hizo público un posicionamiento en el que exige una investigación integral sobre las circunstancias que rodearon la tragedia, así como una revisión de las acciones institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relacionadas con la atención a la salud mental de la trabajadora.
La familia rechaza que el caso sea reducido a un hecho aislado o a una simple nota policiaca y sostiene que la enfermera enfrentó durante años padecimientos de salud mental diagnosticados y documentados por instancias médicas.
De acuerdo con el pronunciamiento, Sarai Martínez laboró como enfermera en distintas comunidades de Oaxaca antes de incorporarse al IMSS en 2018. Durante la pandemia de COVID-19 trabajó en primera línea de atención médica y, según el testimonio familiar, vivió de cerca el impacto de la emergencia sanitaria, las jornadas saturadas, la escasez de insumos y la presión constante sobre el personal de salud.
La familia asegura que la trabajadora fue diagnosticada con ansiedad, depresión, distimia y síndrome de burnout, padecimientos que, afirman, eran conocidos por la institución. En ese contexto, cuestionan si existieron mecanismos adecuados de seguimiento, protección y atención para una empleada considerada en situación de riesgo.
Uno de los puntos centrales del posicionamiento es la rescisión de la relación laboral de la enfermera con el IMSS el pasado 17 de marzo de 2026 y la ratificación de su despido durante una audiencia conciliatoria celebrada el 30 de abril, un día antes de que ocurriera la tragedia.
Aunque la familia aclara que no atribuye el desenlace a un solo hecho, sostiene que las decisiones institucionales tomadas en torno a una trabajadora con antecedentes clínicos conocidos deben ser revisadas con seriedad y bajo un enfoque integral que considere factores médicos, laborales y humanos.
Asimismo, exigen la implementación de protocolos efectivos de detección, atención y seguimiento de problemas de salud mental entre el personal de salud, así como medidas que garanticen la no repetición de casos similares.
La familia también cuestionó el papel de las representaciones sindicales y pidió revisar qué acciones se realizaron para acompañar y proteger a la trabajadora antes de su fallecimiento.
En otro apartado, hizo un llamado a medios de comunicación, corporaciones policiacas y autoridades judiciales para actuar con responsabilidad y ética en la difusión de información relacionada con casos de alto impacto humano, denunciando la exposición de datos personales y detalles de la tragedia antes de que los familiares fueran notificados plenamente de los hechos.
“Esta no es únicamente la historia de una familia rota por el dolor. Es una advertencia para todas las instituciones que han convertido la salud mental de sus trabajadores en una carga invisible”, señala el posicionamiento.
Finalmente, la familia pidió verdad, responsabilidad y garantías de no repetición, al tiempo que recordó que la salud mental del personal médico y de enfermería debe ser considerada una prioridad institucional, especialmente después de los efectos que dejó la pandemia en quienes permanecieron al frente de la atención a la población.
