Oaxaca de Juárez, Oax., a 22 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado como M.A.G.G., por el delito de extorsión, luego de que presuntamente exigiera a una víctima el pago de 70 mil pesos por concepto de cobro de piso en el municipio de Santa María Atzompa.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando la víctima se encontraba junto con su pareja en un domicilio ubicado en el paraje “La Mesita”, en Santa María Atzompa. En ese momento, ambos escucharon que desde la vía pública les lanzaban amenazas, por lo que salieron del inmueble y observaron a tres hombres que los intimidaron con un arma de fuego.
Las investigaciones revelan que los agresores exigieron a la víctima el pago de 70 mil pesos a cambio de permitirle continuar con la renta de habitaciones de su propiedad. Ante las amenazas, la víctima entregó inicialmente cinco mil pesos y posteriormente realizó dos pagos adicionales que, en conjunto, sumaron 30 mil pesos.
Tras la denuncia de los hechos, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, llevó a cabo actos de investigación que permitieron reunir los datos de prueba necesarios para obtener una orden de aprehensión en contra de M.A.G.G., quien fue detenido mediante un operativo ejecutado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Durante la audiencia correspondiente, el Juez de la causa analizó los datos de prueba presentados por la FGEO y determinó vincular a proceso a M.A.G.G. por el delito de extorsión. Asimismo, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene una estrategia permanente para combatir la extorsión y el cobro de piso, delitos que afectan la actividad económica y la tranquilidad de las familias. Por ello, fortalece las acciones de investigación y procuración de justicia para garantizar que quienes recurran a la violencia o las amenazas para obtener beneficios ilícitos sean llevados ante los tribunales.
