La iniciativa plantea multas económicas, reposición de árboles afectados y sanciones agravadas cuando el daño se cometa en áreas protegidas o con fines de lucro.
San Raymundo Jalpan, Oaxaca, 13 de noviembre de 2026. Con el propósito de fortalecer la protección de las áreas verdes y sancionar la destrucción deliberada del arbolado urbano, fue presentada ante el Congreso de Oaxaca una iniciativa para incorporar nuevas disposiciones al Código Penal estatal.
La propuesta, impulsada por la diputada Sandra Daniela Taurino Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, plantea adicionar los artículos 388 Ter y 388 Quáter para castigar a quienes, sin autorización de la autoridad competente y de manera dolosa, dañen o provoquen la muerte de árboles ubicados en espacios públicos.
Entre las conductas que se busca sancionar se encuentran la tala, el derribo, el anillado, el envenenamiento, la quema, la mutilación y la destrucción total o parcial de ejemplares situados en parques, jardines, plazas, camellones, vías públicas y otras áreas verdes de uso común.
Penas de prisión y restitución del arbolado
El proyecto establece penas de tres meses a un año de prisión, además de multas de 50 a 300 días de salario para quienes incurran en estas conductas.
Como parte de la reparación del daño, se propone obligar a los responsables a restituir los ejemplares afectados conforme a la normatividad ambiental. Cuando esto no sea posible, deberán plantar y garantizar el mantenimiento durante dos años de al menos tres árboles de especies nativas o adecuadas al entorno por cada ejemplar dañado, en el sitio que determine la autoridad competente.
Asimismo, se contempla que la pena de prisión pueda sustituirse, conforme a las disposiciones del Código Penal, preferentemente por trabajo comunitario en actividades de reforestación, mantenimiento de áreas verdes o educación ambiental.
Agravarían las sanciones por daños en zonas protegidas
La iniciativa también plantea incrementar hasta en una mitad las penas cuando el daño afecte a tres o más árboles, ocurra en áreas naturales protegidas de competencia estatal o municipal, zonas de monumentos o sitios de valor histórico y cultural, o tenga como finalidad obtener un beneficio económico mediante el aprovechamiento, transporte o comercialización de la madera.
Cuando el responsable sea una persona servidora pública, se contempla adicionalmente su destitución e inhabilitación para ocupar otro cargo por un periodo equivalente al de la pena de prisión impuesta.
Excluyen intervenciones autorizadas y situaciones de emergencia
Para evitar que la reforma sancione acciones legítimas, el artículo 388 Quáter establece excepciones cuando las podas, derribos o intervenciones cuenten con autorización, dictamen o programa de manejo expedido por la autoridad correspondiente.
También quedarían excluidas las acciones realizadas ante un riesgo inminente para la vida, la integridad de las personas, los bienes o los servicios públicos, así como aquellas justificadas por razones fitosanitarias determinadas por la autoridad competente.
La iniciativa fue presentada durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura y turnada a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia para su estudio y dictamen.























