El juez federal Mario Elizondo Martínez consideró que existe riesgo de fuga; la FGR lo acusa de obstrucción de la justicia y desaparición forzada
El juez federal Mario Elizondo Martínez dictó prisión preventiva oficiosa al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y rechazó la solicitud de su defensa para que enfrentara el proceso bajo reclusión domiciliaria.
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el juez consideró que existe riesgo de que el ex mandatario se evada, por lo que determinó que permanezca en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.
Aguirre Rivero es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, por los que podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión.
La Fiscalía sostiene que el ex gobernador ordenó ocultar y destruir evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
Testimonios apuntan al ex gobernador
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como parte de sus elementos de prueba los testimonios de Blanca N., ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N., ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad.
De acuerdo con la relatoría presentada por la FGR, ambas mujeres señalaron que Aguirre Rivero ordenó ocultar y destruir evidencia relacionada con lo ocurrido frente al Palacio de Justicia de Iguala.
Uno de los elementos centrales de la acusación son unas grabaciones de las cámaras de seguridad del inmueble que habrían registrado la detención de un grupo de normalistas que viajaba en el autobús Estrella de Oro 1531.
Según los testimonios expuestos por la Fiscalía, el 29 de septiembre de 2014 Blanca N. y Lambertina N. recibieron de Isaías Rodríguez, entonces encargado del área de informática del tribunal, un sobre que contenía un disco con las grabaciones.
En los videos, según la FGR, se observa a policías de Iguala y hombres vestidos de civil obligando a varios normalistas a descender del autobús, antes de que posteriormente fueran reportados como desaparecidos.
La ex visitadora habría recibido el disco y, minutos después, se lo entregó a Aguirre Rivero. El ex gobernador presuntamente lo habría entregado posteriormente al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, para que “se hiciera cargo”.
Habría ordenado destruir las evidencias
La Fiscalía relató que el 30 de septiembre de 2014 Aguirre convocó a colaboradores cercanos, entre ellos Blanca N., y durante esa reunión habría ordenado destruir toda evidencia relacionada con lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre.
Durante sus declaraciones, las dos testigos también manifestaron que consideraban a Aguirre Rivero una persona peligrosa y señalaron presuntos vínculos del ex mandatario y de su sobrino Ernesto Aguirre, quien se desempeñaba como asesor, con grupos criminales.
Estos señalamientos forman parte de los testimonios presentados por la Fiscalía y deberán ser valorados durante el proceso judicial.
Aguirre niega responsabilidad
El ex gobernador acudió a la audiencia en silla de ruedas y manifestó que, tras su detención, presentó complicaciones relacionadas con la hipertensión.
Su defensa solicitó que pudiera enfrentar el proceso bajo reclusión domiciliaria, argumentando su edad y estado de salud. El juez rechazó la petición al considerar que no se cumplían los requisitos para conceder esa medida.
Inicialmente, Aguirre Rivero se reservó su derecho a declarar. Sin embargo, posteriormente tomó la palabra y expresó su pesar por lo ocurrido con los normalistas.
Afirmó que siempre colaboró con las investigaciones y aseguró:
“Tengo mi conciencia tranquila y en paz”.
También sostuvo que demostrará a su familia que no tuvo responsabilidad en los hechos.
FGR sostiene que tiene pruebas contra Aguirre
Tras la audiencia, la Fiscalía General de la República afirmó que las investigaciones permitieron acreditar, según su postura ministerial, la participación de Aguirre Rivero y de otros servidores públicos estatales de alto nivel en el presunto ocultamiento de evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa.
La FGR sostuvo que cuenta con elementos obtenidos bajo el debido proceso para sustentar su acusación.
Con la decisión del juez, Aguirre Rivero permanecerá en El Altiplano mientras continúa el proceso penal. La responsabilidad del ex gobernador deberá determinarse en las distintas etapas del procedimiento judicial.
