La propuesta de reforma integral a la Constitución Política de Oaxaca contempla reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a fin de garantizar sus derechos colectivos, autonomía, territorio y participación política.
En el marco del Día del Pueblo Negro Afromexicano de Oaxaca, que se conmemora cada 19 de octubre, el Gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara Cruz, destacó que la iniciativa busca establecer bases constitucionales para preservar la identidad, las formas de organización y el patrimonio cultural de estas comunidades.
Entre los planteamientos se encuentra garantizar la igualdad, la dignidad y la no discriminación, así como el derecho de los pueblos afromexicanos a decidir sus formas internas de gobierno, aplicar sus sistemas normativos y ejercer jurisdicción comunitaria, dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos humanos.
La propuesta también contempla el derecho a la consulta previa, libre e informada, mediante sus instituciones representativas, cuando se planteen medidas legislativas o administrativas que puedan generar afectaciones o impactos significativos en sus comunidades. Asimismo, prevé su participación en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo.
En materia cultural, se busca proteger el patrimonio material e inmaterial, natural y biocultural, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales, además de reconocer la propiedad intelectual colectiva y promover medios de comunicación que reflejen la diversidad de los pueblos afromexicanos.
La iniciativa incluye medidas para preservar territorios, tierras, hábitats y lugares sagrados, así como impulsar el acceso a servicios de salud con pertinencia cultural, proteger la medicina tradicional y la partería, y promover modelos educativos que consideren la participación de las comunidades.
Otro de los ejes se refiere a los derechos de las mujeres afromexicanas, con propuestas para fortalecer su participación en las decisiones públicas y su acceso a la educación y al uso y disfrute de la tierra. También se plantean medidas de protección para personas migrantes y acciones ante situaciones de desplazamiento forzado.
En el ámbito político, se propone reconocer la representación de estos pueblos en los ayuntamientos, las candidaturas partidistas y las independientes, de acuerdo con sus particularidades culturales y mecanismos democráticos.
Finalmente, el proyecto plantea mecanismos de acceso a la justicia con apoyo de intérpretes, traductores, personas defensoras y peritos especializados, además de contemplar una Sala de Justicia Indígena y Afromexicana y Constitucional y un juicio de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Con esta reforma, el Gobierno estatal busca establecer obligaciones institucionales para favorecer el ejercicio efectivo de los derechos colectivos y avanzar en el reconocimiento constitucional de la identidad, autonomía y diversidad cultural de los pueblos afromexicanos.























